El día 7 de julio del presente año se publicó en el Diario Oficial el Reglamento de Seguridad para instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos.

Este reglamento derogó el DS N° 90 de 1996 sobre Reglamento de de Seguridad para almacenamiento, refinación, transporte y expendio al público de combustibles líquidos y el DS N° 379 de 1985 sobre Reglamento de Requisitos Mínimos de Seguridad para el Almacenamiento y Manipulación de Combustibles Líquidos derivados de petróleo, destinados a consumo propio.

Este Reglamento ha establecido una cantidad de requisitos para las nuevas instalaciones de transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos que se construyan, pero más importante aún ha establecido una serie de obligaciones en la operación, inspección, mantenimiento y término definitivo de las instalaciones actualmente existentes.

Las principales novedades del reglamento para las instalaciones existentes son:

a.- Los propietarios de las instalaciones deberán velar, porque las instalaciones se encuentren en buen estado y que se reduzcan las filtraciones, emanaciones y residuos que produzcan daño a las personas y a las aguas superficiales y subterráneas.

b.- Se deberá tener un Programa de Seguridad y en caso que se realice carga de combustible a vehículos se deberá tener un Manual de Seguridad de Combustibles Líquidos (MSCL). En ambos casos, este Programa o este Manual deberán tener un plan de emergencia y de respuesta ante accidentes.

c.- Se deberán elaborar manuales tanto para la operación, mantenimiento e inspección de las instalaciones. Estos manuales deberán ser revisados a lo menos 1 vez al año.

d.-Se deberá tener un plan de mantenimiento y otro de inspección para las instalaciones, así como sus correspondientes registros.

e.- Cuando ocurran accidentes no sólo se deberá informar a la SEC, sino que posteriormente se le deberá enviar el resultado de la investigación del accidente, incluyendo las acciones correctivas implementadas.

f.- Un experto de prevención de riesgos será el encargado de inspeccionar las instalaciones. La frecuencia de las inspecciones dependerá del tipo de instalación y los resultados de estas inspecciones se llevarán en un libro foliado.

g.- Cuando se deje fuera de servicio tanques e instalaciones se deberán tomar una serie de medidas y avisar a la SEC.

h.- Cuando se disponga de instalaciones de carga de combustibles a vehículos motorizados se deberán llevar otros registros adicionales.

Para realizar las adecuaciones el nuevo reglamento existe un plazo de 90 días para ponerse al día, es decir, hasta el 5 de octubre del 2009, ya que este estableció un plazo de 90 días para su entrada en vigencia.

Si se tiene cualquier estanque o tambor de combustible con un tamaño superior a 1,1 metros cúbicos, que conforme al DS 379 debiera registrarse ante el SEC se aconseja proceder a inscribirlo, ya que de dejar pasar este plazo, los estanques para poder ser inscritos debieran cumplir con la reglamentación del D.S. N° 160, que es bastante más estricto.

Por último, todas las regulaciones que tiene el reglamento sobre transporte y ductos de combustible líquido es aplicable al gas licuado de petróleo.

Uno de los errores más comunes en que se incurre en los sistemas de gestión ambiental, es precisamente no incluir entre los requisitos que señala el punto 4.3.2. de la norma ISO 14001 y mucho menos verificar su cumplimiento conforme al punto 4.5.2 de la misma norma.

La resolución de calificación ambiental es un acto administrativo que aprueba un proyecto desde un punto de vista ambiental, establece derechos y obligaciones para el dueño del proyecto, que son plenamente fiscalizables y exigibles por la Conama.

El Protocolo de Kyoto entró en vigor en 1995 con la ratificación de este tratado por Rusia.  Para la entrada en vigencia de este tratado se necesitaba que a lo menos una cantidad de países que representara el 55% de emisiones de gas invernadero a nivel mundial ratificaran este tratado.

Este tratado otorga una serie de instrumento para lograr la reducción de las emisiones de gases invernaderos, dentro de los cuales el más interesante para aquellos países, como Chile, que sólo están obligados a reducir sus emisiones en la medida de sus posibilidades.  El tratado establece que los Estados no sólo podrán reducir emisiones en su propio país, sino que podrán hacerlo en terceros países. Osea un país desarrollado financia un proyecto de reducción de emisiones en un país en desarrollo y se acredita los resultados como parte de sus compromisos ante Kyoto.

El legislador chileno ha realizado esfuerzos con mayor o menor éxito para incorporar las ERNC(Energías renovables no convencionales) en la matriz energética.

Mediante ley 19.940, mejor conocida como Ley Corta I, se permitió el acceso a las redes de distribución para generadores inferiores a 9 MW.

Con esta modificación a la ley eléctrica, se estableció el derecho de acceso al mercado energético, independientemente del tamaño que se tenga y se clarifico el principio que todo generador tiene derecho a producir y vender energía eléctrica.

Por otra parte, se eximió del pago del peaje troncal a fuentes de ERNC de hasta 20 MW.

Posteriormente se dictó la ley 20.257, también conocida como Ley Corta II. Esta ley le ha dado un impulso bastante más decidido a las ERNC, al exigirle a las comercializadoras de energía eléctrica, que acrediten que un porcentaje de la energía vendida proviene de ERNC. Estas ERNC las pueden producir directamente o las pueden subcontratar. Esta obligación será exigible a partir del año 2010 y será aplicable a aquellos contratos de suministro celebrados a contar del 31. de agosto del 2007.

Los proyectos de ERNC elegibles serán aquellos existentes con posterioridad al 1 de enero de 2007.

Esta ley tiene una vigencia transitoria por 25 años, ya que se pretende que posteriormente las ERNC sean lo suficientemente competitivas y no sea necesario ningún incentivo estatal para su utilización.

Desde el año 2010 hasta el 2014 las empresas comercializadoras de energía eléctrica deberán utilizar al menos un 5% de la energía que venden de ERNC. Este porcentaje irá subiendo paulatinamente hasta quedar en un 10%. El incumplimiento a esta obligación acarreará el pago de una multa ascendente a U$25 por MW hora y en caso de reincidencia esta multa aumentará.

La Ley 20.283 de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal tiene como objetivos la protección, la recuperación y el mejoramiento de los recursos naturales originarios del país.

La ley define que se entiende por bosque nativo, bosque nativo de preservación, bosque nativo de conservación y protección y bosque nativo de uso múltiple, así como las diversas formas de corta que pueden existir.

La explotación del bosque nativo debe estar sujeta a un plan de manejo deberá ser elaborado por un ingeniero agrónomo o forestal con postgrado en dichas ciencias. Si se deben realizar caminos por donde se encuentre el bosque nativo se deberá respetar el plan de manejo. Por otra parte el plan de manejo se debe anotar al margen de la inscripción de la propiedad del predio, con el objeto que los nuevos propietarios deban respetar dicho plan.

La ley está dirigida hacia los dueños de predios con bosque nativo, especialmente a los miles de pequeños propietarios que tienen bajo su control una extensión aproximada de 3,5 millones de hectáreas de este recurso.

En este sentido, y con el propósito de impulsar el desarrollo rural, la nueva normativa legal establece un sistema de bonificaciones con dos concursos: uno para los pequeños propietarios y otro para medianos y grandes propietarios.

Los bosques nativos están exentos del pago del impuesto territorial y el de herencia, pero para poder hacer efectivo este beneficio se necesita una declaración de bosque nativo, fundada en un estudio técnico.

Por último se debe tener presente, que el transportista también debe acreditar mediante guías de libre tránsito, que los productos primarios del bosque nativo que se encuentran en su poder son producto de una corta autorizada.

Introducción

Cuando se declara una zona de restricción o prohibición de explotación de aguas subterráneas se da origen a una comunidad de aguas. La DGA puede declarar de oficio un área de restricción de un acuífero determinado. Sin embargo, para que la DGA haga esta declaración deberá existir un estudio previo que demuestre la conveniencia de declarar la zona de restricción.

Es responsabilidad de las personas que forman parte de esta comunidad organizarse conforme a lo dispuestos en los arts. 186 y siguientes del Código de Aguas.-

Beneficios de las comunidades de aguas

Las ventajas de las comunidades de aguas son que permiten:

4.2. Política

4.3 Planificación

4.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles

4.3.2. Requisitos legales  y otros requisitos

4.3.3. Objetivos y programas

4.4. Implementación y operación

4.4.1. Recursos, funciones , responsabilidad y autoridad

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

4.4.3 Comunicación, participación y consulta

4.4.3.1. Comunicación

4.4.3.2. Participación y consulta

4.4.4. Documentación

4.4.5. Control de documentos

4.4.6 Control operacional

4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias

4.5. Verificación

4.5.1. Medición y seguimiento del desempeño

4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal

4.5.3. Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva

4.5.3.1. Investigación de incidentes

4.5.3.2. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

4.5.4 Control de los registros

4.5.5. Auditoría interna

4.6. Revisión por la dirección

DOCUMENTOS

1. Política
2. Objetivos
3. Delegación de facultades para la representación de la alta gerencia
4. Controles operacionales
5. Resultados de investigaciones de incidentes
6. Auditorías

El tema de gestión de residuos en nuestro país ha ido cobrando cada vez más importancia desde la dictación del DS 148 del Ministerio de Salud del año 2003 sobre Reglamento de Manejo de Residuos Peligrosos.

Además, durante las auditorías de certificación ISO 14001 que me ha tocado participar uno de los temas donde más se encuentran no conformidades, sobretodo de tipo legal,  es precisamente en el ámbito de gestión de residuos.

Al momento de gestionar los residuos peligrosos se debe tener a lo menos los siguientes aspectos legales presente:

• Haga la segregación de los residuos entre peligrosos y no peligrosos desde el proceso mismo, ya que cualquier producto se contamina con residuos peligrosos, pasa a ser residuo peligroso. Disponer de residuos peligrosos es mucho más caro, por lo tanto, se debe tratar de minimizar al máximo su generación.

• La bodega de residuos peligrosos debe tener su correspondiente autorización otorgada por la autoridad sanitario. Es indiferente para estos efectos, si se tiene o no un plan de manejo de residuos peligrosos.

• La bodega debe cumplir con los siguientes requisitos para que pueda ser aprobada por la autoridad sanitaria.

1. deberá tener una base continua, impermeable y resistente estructural y químicamente a los residuos
2. contar con un cierre perimetral de a lo menos 1,80 metros de altura que impida el libre acceso de personas y animales
3. estar techada y protegida de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura y radiación solar
4. garantizar que se minimice la volatilización, el arrastre o la lixiviación y en general cualquier otro mecanismo de contaminación del medio ambiente que pueda afectar a la población
5. tener una capacidad de retención de escurrimientos o derrames no inferior al volumen del contenedor de mayor capacidad, ni al 20% del volumen total de los contenedores almacenados

contar con la señalización establecida en la NCh 2190 Of. 93

Debe tener presente que el fiscalizador no tiene derecho a exigirle requisitos adicionales a su bodega, salvo que usted deba llevar un plan de manejo de residuos, ya que en ese caso, el proyecto de bodega deberá ser elaborado por un ingeniero.

Si usted desea tener un patio de residuos peligrosos, en vez de una bodega, debe solicitar una autorización especial al Seremi de Salud antes de solicitar la autorización del mismo.

• La bodega de residuos peligrosos se debe mantener cerrada, de modo que sólo pueda ingresar personal autorizado.

1.  

   La Política,  incluye los siguientes tema,

    

   1. Dar el marco para establecer y revisar los objetivos de salud y seguridad ocupacional
   2. Se debe no sólo incluir el compromiso de la mejora continua, también el de la prevención de accidentes y enfermedades
   3. Se señala que se debe “a lo menos” incluir el compromiso de cumplir con las obligaciones legales y compromisos voluntarios adquiridos por la empresa
   4. interés que las personas hagan propias las políticas de SSO

   Ha sido publicada la nueva versión de OHSAS 18001, que trae una serie de novedades.

Alguna de las novedades que trae OHSAS 18001:2007, que la diferencia de OHSAS 18001:1996 son algunas de las que detallo a continuación.

 

 

Para la identificación de los peligros, evaluación y control de riesgos se han agregado una serie de factores adicionales como son:

 

2. El comportamiento humano, las capacidades y el factor humano.
3. Identificación de los peligros que se originan fuera del lugar de trabajo, pero que pueden afectar la salud y seguridad de las personas dentro del lugar de trabajo.
4. Peligros creados en la cercanía del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.
5. Cambios o cambios propuestas en la organización, los materiales y las actividades.

 

 

 

 

 

El 5 de enero de 2008 se publicó en el Diario Oficial el DS 189 que contiene el  Reglamento sobre condiciones sanitarias y de seguridad básica en los rellenos sanitarios. Este Decreto,  en su art. 3,  hace responsable   a la persona que encarga la disposición de residuos domiciliarios e industriales que el tercero que realiza este servicio lo hace en conformidad a la ley.

En consecuencia, aquella las empresas deberán ocuparse de obtener del relleno sanitario una copia de la resolución administrativa en que consta su autorización de funcionamiento. De esta forma se podrá acreditar ante auditoría que se está cumpliendo con dicho requisito legal.